Medida obliga a la D. del Trabajo a entregar información reservada

Por decisión del Consejo para la Transparencia:
Medida obliga a la D. del Trabajo a entregar información reservada

Los informes de fiscalizaciones y los contratos colectivos son públicos. Pero el nombre del denunciante seguirá en reserva. 

http://diario.elmercurio.com/2009/10/31/economia_y_negocios/economia_y_negocios/noticias/F20E1931-C1FC-4AE9-B4C6-2998526D9F7F.htm

Bernardita Serrano Bascuñán 

El empresario Lorenzo Silva Águila solicitó el pasado 3 de mayo a la Dirección del Trabajo (DT) los expedientes detallados de las multas que se le cursaron en 2006. Pero el organismo se negó a entregar reportes, amparado en el oficio ordinario N° 772 que emitió dos meses antes.

La Dirección del Trabajo argumentó que, después de un análisis jurídico respecto de la entrega de información en el marco de la Ley de Transparencia, se había definido que la solicitud de Silva incluía revelar información sensible, y por lo tanto, reservada.

En este grupo entraban los informes detallados de fiscalización, las actas de mediación y buenos oficios, los proyectos y contratos colectivos, la nómina de candidaturas y las de trabajadores que constituían sindicatos. Por lo tanto, sólo podían acceder a ella los denunciantes de los hechos investigados o sancionados por el organismo.

Pero, a los pocos meses, el organismo fiscalizador debió retractarse y hacer entrega de todos los antecedentes que Silva había solicitado.

¿La razón? El Consejo para la Transparencia definió que no había información reservada y que debían hacerle llegar al empresario los antecedentes, pero que antes se debían "tachar o borrar los datos personales" que contuvieran.

"El Consejo determinó que, aunque reconocía la naturaleza "especial" de la documentación, el criterio era que el índice de actos reservados se vaya construyendo a medida de que se determine de que es información reservada y no a priori", explica Cristián Rojas, jefe del Departamento de Gestión y Desarrollo de la DT.

Ahora sólo podrán omitir la identidad de los denunciantes, de los entrevistados durante la fiscalización y los listados de personas, votaciones y constituciones de sindicatos. Todo el resto debe ser entregado.

La medida no es muy conocida por el empresariado, pero hay quienes ya plantean problemas ante sus posibles alcances.

Las críticas a la decisión

Mientras para la mayoría ampliar el acceso a la información puede ser muy beneficioso, hay quienes ya tienen algunas aprensiones al respecto. Aunque según Christian Alvarado, abogado de Grasty Quintana Majlis y Cía., es razonable que no se revele la identidad del trabajador denunciante, en el tema de los contratos colectivos se "extralimitaron un poco", porque son actos entre privados que podrían ser usados como elemento negativo en las negociaciones.

Con él concuerda el empresario Juan Sutil. "No me parece razonable que contratos colectivos que hacen las compañías sean públicos, porque son problemas entre privados. No estoy de acuerdo con que se ventilen", explica.